Las líneas de ayudas se dirigen a municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, que son los competentes para prestar servicios de transporte público y a los que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a implementar zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023. Las iniciativas se dirigen también a los municipios con más de 20.000 habitantes que cumplan determinados criterios, como disponer de servicios de transporte colectivo público. Las actuaciones a financiar deben ser lo suficientemente maduras y solventes técnica y financieramente como para que puedan estar efectivamente implantadas y en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2024. Por ello, el criterio de madurez tendrá especial relevancia en la valoración de los proyectos, con un peso del 40% de la nota total. Se valorarán especialmente las actuaciones que ya hayan sido licitadas (con posterioridad a febrero de 2020), los proyectos de licitación inmediata (que cuenten con estudios e informes previos, pliegos aprobados, etc.), los que, aunque no hayan comenzado su licitación, sean de tramitación sencilla y, en todo caso, las actuaciones para las que no se prevea dificultad alguna para adjudicarse antes de noviembre de 2022. |